Fuente: eduardpunset.es
A veces la contaminación acústica es tan ofensiva y brutal –sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población española es mayor y, por lo tanto, tiene los oídos delicados– que no tiene perdón de Dios la inhibición de las autoridades ante esta ofensa al común de los ciudadanos.
Gremios como el de arquitectos y constructores de grandes aeropuertos son también cómplices de esta falta de consideración hacia las personas de edad y los discapacitados, a los que se obliga a recorrer pasillos interminables en nuestros sobredimensionados aeropuertos y estaciones de AVE. ¿Se es consciente de que tarde o temprano esta falta de educación y sentimientos hacia la sociedad será rechazada y hasta penalizada por los países modernos?
¿Quién no se ha visto obligado a cambiar no solo de acera, sino de calle, y acurrucar a los bebés para protegerlos de la agresión auditiva prodigada por una perforadora que, en pleno tránsito, aterra con sus ruidos a los transeúntes?
¿Han sufrido alguna vez el penetrante resonar del motor de una moto pilotada por un joven al que nadie ha tenido tiempo todavía de enseñar el respeto debido a sus semejantes? ¿Hasta qué grado puede llegar la incultura del público que no levanta la mano acusadora contra el delincuente que avasalla, amenaza y rompe el delicado sistema auditivo de los mayores? ¿Hasta dónde puede llegar la confusión entre los delitos tradicionales, como el robo de su cartera a un solo individuo y los destrozos colectivos causados por la violación de las reglas que, supuestamente, deberían impedir la contaminación acústica?
Muchos de nuestros amigos no han querido entrar en la edad moderna o en la sociedad de las nuevas tecnologías. Se fijan en los delitos tradicionales cometidos soliviantando a una sola persona, como el soborno, el robo, el engaño, la ocultación de la identidad, pero no les apetece todavía empatizar a nivel social, contribuir al bienestar de los colectivos impidiendo que los niños griten o lloren sin parar en los restaurantes o las plazas públicas, interfiriendo en la paz de los demás; no han querido entender que no se puede despedir a un empleado de su oficina a gritos por el móvil desde un vagón de tren, en el que se supone que los demás quieren pensar o trabajar en sus cosas.
Las propias Fuerzas de Seguridad no han adquirido la cultura necesaria para proteger a los ciudadanos de males que son perfectamente remediables, como la contaminación acústica; interferir en la libertad de movimiento de los ciudadanos, interrumpiendo sin explicación ni legitimidad el tráfico en una calle determinada; aplicar con rigidez sospechosa multas de tráfico por violaciones mínimas o violar las leyes haciendo que proliferen las escuchas telefónicas a ciudadanos.
Hay muchos más indicios de la insensibilidad de la gente a delitos cometidos por la propia autoridad pública, sin ser conscientes de ello ni la jerarquía delictiva ni el público. En un pueblo de la costa cerca de Barcelona, yo he soportado el anuncio repetido por altavoces estridentes e ininteligibles del propio Ayuntamiento, que recurre a desfasadas tecnologías para comunicar a sus conciudadanos los peligros de un mar agitado, de olvidar a los niños en plena ciudad o los avatares del estado del mar.
Dentro de pocos años se habrán equiparado las penalidades impuestas a los delitos de rateros con aquellas aplicadas a los cometidos por quienes no han querido enterarse de que el mundo ha cambiado; de que la tecnología permitirá eliminar la pugna tradicional entre los que no tenían nada y los que tenían algo a lo que aferrarse. Para ello, hará falta aceptar que no solo se puede atentar contra los demás robándoles la cartera, sino también interfiriendo en sus sentidos y sentimientos.
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