Os informamos que la Consejería de Medio Ambiente ha publicado la Guía Técnica de Aplicación del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Tened en cuenta que esta guía será utilizada por los técnicos de la administración a la hora de realizar inspecciones de ruido y vibraciones, por lo que es muy importante las directrices que seguirá en sus procedimientos. Podéis acceder a la Guía a través del siguientes enlace:
El pasado 5 de noviembre por parte del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industrial han creado el I Concurso de Videocreación contra la Contaminación Acústica cuyo cartel y bases adjuntamos.
El Concurso finaliza el próximo 5 de diciembre y los premios serán entregados el 12 de diciembre en la Jornada Técnico Divulgativa sobre Contaminación Acústica en Málaga, cuyo programa provisional adelantamos.
Os animamos a que participeis!!
Fuente: 20minutos.es
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y seis meses de prisión dictada contra el propietario de un pub en Fraga (Huesca) por los daños físicos y psicológicos causados a un matrimonio a lo largo de cinco años debido a la intensidad del ruido generado en el establecimiento.
El fallo del alto tribunal ratifica en todos sus términos la sentencia dictada en 2010 por la Audiencia Provincial de Huesca, que consideró probado que entre 2003 y 2007, el acusado, José Luis F.M., hizo caso omiso de las órdenes municipales y no tomó medidas para reducir los ruidos hasta los límites legales.
El tribunal oscense fundamentó su condena tanto en los informes municipales como en los aportados por los médicos forenses, para quienes la exposición a una intensa contaminación acústica durante los fines de semana en un lapso de cinco años generó fatiga crónica, insomnio por estrés y ansiedad al matrimonio denunciante, que requirió tratamiento farmacológico.
En el caso de la mujer, los especialistas detectaron síntomas de neurastenia junto al estrés, que le dejaron como secuela un estado de ansiedad e insomnio permanente. El relato de hechos probados, que el Supremo ratifica en su resolución, refiere que el acusado no sólo eludió los continuos requerimientos municipales para que presentara un proyecto con el que reducir el ruido, sino que desatendió una prohibición para programar espectáculos en directo y una orden de suspensión cautelar de la actividad. La Audiencia de Huesca condenó al acusado a 4 años y 1 día de prisión por un delito medioambiental
La Audiencia de Huesca condenó al acusado a 4 años y 1 día de prisión por un delito medioambiental, a 6 meses por las lesiones sufridas por el matrimonio y al pago de 16.540 euros en concepto de indemnización a los afectados. En su resolución, el Tribunal Supremo rechaza los argumentos del representante de la defensa en su recurso y considera que en ningún momento se vulneraron derechos fundamentales de su cliente debido a un supuesta valoración incorrecta de la prueba.
«Abundantísimas pruebas»
Los magistrados rechazan el recurso al entender que la pretensión del letrado en su recurso es instar una valoración diferente de la prueba para «alcanzar conclusiones distintas de las contenidas de la sentencia». A pesar de descartar una nueva valoración de la prueba, el tribunal aprecia la existencia de una «abundantísima» prueba documental contra el acusado que evidencia tanto el incumplimiento de la normativa en materia de ruidos como su relación con las afecciones sufridas por los denunciantes.
Respecto a la condena acordada, el Supremo argumenta que la pena se impone en su grado superior cuando los hechos estén vinculados a una desobediencia de «órdenes expresas» de la autoridad administrativa. Admiten los magistrados que de la lectura de la sentencia de la Audiencia oscense se desprende la «ineficacia» de la administración a la hora de dar una respuesta inmediata a la petición de los denunciantes.
Advierten, sin embargo, que también pone de relieve la «persistencia» del recurrente ya que «desde el primer momento sabía que causaba molestias y probables perjuicios a unos ciudadanos al repercutir directamente y de forma muy negativa en su derecho a la salud física y psíquica y al descanso».
Fuente: elpais.com
«Vete del pueblo”. “El pueblo no te quiere”. “Maroto vete ya a tu nación”. En marzo de 2006, decenas de vecinos de Navalvillar de Ibor se reunieron frente a una casa en una iniciativa insólita: una manifestación en un pueblo de apenas 500 habitantes al este de Cáceres respaldada por su alcalde. El destinatario era Emiliano Baltasar Alonso (conocido por el mote de Maroto en el municipio), que acababa de estrenar una casa al regresar jubilado a su localidad natal tras toda la vida trabajando en Barcelona. No imaginaba, probablemente, que su lucha contra la discoteca de debajo de su vivienda terminaría desterrándole a 60 kilómetros.
“Fuimos todo el pueblo a favor de la discoteca y para que no se metiera con los jóvenes; se enfrentaba a todo el mundo”, explica Ana María Durán, navalvillota de 61 años, a la vuelta de un paseo una apacible tarde de esta semana. En la tranquilidad reinante, con agradables vistas a la sierra de las Villuercas, es difícil imaginar a la gente cortando la carretera y gritando consignas. Pero así lo recoge un informe de la Guardia Civil que cita una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia. La convocatoria incluso sonó por la megafonía del Ayuntamiento que gobernaba el socialista Francisco Javier Morales Cortijo, que no alcanzaba la treintena y es primo de la mujer que gestionaba el local. Ahora ha sido condenado a dos años de prisión y a pagar una indemnización de 25.000 euros a Baltasar y su esposa —parte de la acusación— por un delito de coacciones especialmente grave por su duración, los medios empleados y la afectación sobre los perjudicados, según la sentencia, que puede recurrirse.
El regidor navalvillote respaldó una protesta en la que se oyeron lemas como «vete a tu pueblo» contra un vecino
Los problemas empezaron cuando el matrimonio se mudó en 2005 a la vivienda que habían comprado y reformado. Está en la calle de Los Granados, al lado de la carretera que atraviesa Navalvillar, y justo encima de la discoteca. El local se abrió en los ochenta, según sus antiguos propietarios: “Construimos la casa y dejamos la planta de abajo libre, y una peña nos propuso poner ahí algo”, comenta Isabel Trujillo, de 60 años, que ahora vive enfrente, donde tiene una quesería. A mediados de los noventa, cuando aún residía sobre el local, su familia lo vendió “con la condición de que lo insonorizaran”. Pero no fue así y convivieron con el ruido y las vibraciones (“sí molestaba, pero te acostumbras”, apunta Trujillo), hasta que se mudaron junto a su negocio. Años después, vendieron la vivienda a Baltasar.
Ante las quejas del nuevo inquilino, en plenas fiestas de agosto, el entonces alcalde le ofreció trasladarse con su familia a un hostal en el pueblo de al lado, para evitar el cierre de la discoteca, que había empezado a generar disturbios. El Ayuntamiento pagó 324 euros por los que la abogada de Baltasar acusó al exregidor de malversación de caudales públicos, pero el juzgado placentino le ha absuelto de este delito. Tampoco ha considerado prevaricación el retraso en resolver la situación de la discoteca. Tras varias reuniones con el Consistorio, el vecino afectado por los ruidos de la discoteca —no disponía de licencias, permisos ni estaba insonorizada, según la sentencia—, se dirigió a la Junta de Extremadura, que trasladó su petición al Consistorio. El 8 de febrero de 2006 el local quedó clausurado por la Administración local. Pero Navalvillar había perdido su acostumbrada calma.
La sentencia recoge que las gestiones de Baltasar y su mujer, y el cierre de la discoteca “dieron lugar al alzamiento de los habitantes”, en forma de “daños a sus bienes y expresiones ofensivas e intimidatorias (de viva voz o mediante pintadas), donde les injuriaban y les instaban a abandonar el pueblo”. “Él insultaba a la gente, hasta tiraba piedras”, advierte Durán, arropada por Juana Santos, de 76 años, y su nieta Soraya Mateos, de 29, familiares del exalcalde y madre e hija, respectivamente de María Ángeles Morales, entonces al frente de la discoteca. “El alcalde es mi primo, no lo puedo negar, aunque sea casualidad”, indica esta última, asegurando que el local apenas abrió desde que hubo quejas. “No tenía licencias porque lo habíamos cogido para probar cómo nos iba, ya que teníamos un bar al lado, con todo en regla”, justifica.
Pese a su cierre definitivo, Baltasar se mudó y finalmente vendió la casa y la cambió por otra en Rosalejo, donde reside, según publicó el diario Hoy de Extremadura. Ya en julio de 2006, El Periódico Extremadura relató que la familia afectada acudió a pedir ayuda al subdelegado del Gobierno en Cáceres. Baltasar aseguró entonces que habían presentado 28 denuncias ante la Guardia Civil y culpaba al alcalde, que respondía que el local estaba cerrado y el tema, olvidado. Ahora el juzgado placentino le condena por apoyar, en vez de haber frenado, la movilización contra el matrimonio afectado, destacando “la afectación sobre la salud de los perjudicados”. EL PAÍS entrevistó a Baltasar y su esposa, pero este decidió luego, al cuestionar el posible enfoque, que no se publicaran sus declaraciones ni su fotografía.
“Por cualquiera que pasaba por la calle ya estaba protestando; no sé cuántas veces llamaría a los guardias”, cuenta, sobre Baltasar, María Juncal, vecina de Navalvillar de 60 años y esposa del antiguo juez de paz, que fue absuelto del delito de coacciones en la misma sentencia del exalcalde. También quedó libre de cargos el exconcejal José Luis Río, que participó en la manifestación pero al que no se tomó declaración hasta más de tres años después, cuando el delito ya habría prescrito. En el juicio, este indicó que “Emiliano (Baltasar) se ha portado muy mal con la gente del pueblo, se ha buscado enemistades y ha denunciado a todo el mundo, incluso a una asociación de mujeres”, según la sentencia.
Ni él ni el exalcalde, que rechazó hacer declaraciones, están ya en el Ayuntamiento. Morales mantiene la militancia socialista “por ahora”, asegura una portavoz del PSOE de Cáceres, que se remite a los estatutos del partido (que prevén la expulsión de los condenados por delitos dolosos). Ahora gobierna un independiente, Sigifredo Robledo, más preocupado por la complicada situación financiera del Consistorio. La discoteca sigue cerrada y su propietario vive en Madrid. Encima reside un trabajador de un pueblo cercano en alquiler. Los jóvenes suelen reunirse en el bar de al lado y también se trasladan a otros pueblos. Por el camino pueden cruzarse con Baltasar y su mujer que, de vez en cuando, aún visitan Navalvillar.
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