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Diciembre 2012 – El Ayuntamiento de Málaga inicia una campaña en contra de los bares que ponen música sin licencia

diciembre 12, 2012

El Área de Medio Ambiente ha detectado que una treintena de bares del Centro de la ciudad ejercen como si tuvieran la licencia de local con música sin poseer este permiso que concede el Ayuntamiento. Todo ello a raíz de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en agosto del año pasado, un documento que contempla la opción de locales «con ambientación musical», una figura no recogida en las normativas de ruido a nivel local y regional. El PGOU establece que pueden llegar a un nivel de emisión de hasta 90 decibelios, cuando una actividad es considera ruidosa a partir de los 80 decibelios por un decreto de la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado mes de marzo.

La figura contemplada en el nuevo Plan General ha provocado que muchos negocios de hostelería sin licencia para música ofrezcan un servicio como si la tuvieran, generando con ello una competencia desleal con el resto de establecimientos que sí tienen los permisos en regla, según ha informado esta mañana la concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro, quien ha anunciado que el Ayuntamiento emprenderá una campaña para sancionar a estos locales en el caso de que no cumplan las condiciones que les son propias como lugares sin permiso de música. Esas condiciones son que el nivel de emisión sonora no podrá superar los 80 decibelios medidos a 1,5 metros de los altavoces, que la música no será el principal reclamo de la actividad comercial, que no se podrá organizar ni realizar un baile público, que no podrá haber persona alguna dedicada a pinchar música, que ésta no podrá trascender al exterior por puertas o ventanas y que está prohibida la instalación de equipos de reproducción sonora, televisores o actuaciones en vivo en las terrazas.

«Primero les haremos ver que están incumpliendo la norma para que rectifiquen y, en caso de que no lo hagan, abriremos los correspondientes expedientes sancionadores», ha expuesto Navarro quien, no obstante, ha reconocido que no será posible llevar a cabo este procedimiento hasta que pasen las fiestas navideñas. Con todo, ha apuntado que, a raíz de las denuncias de particulares, se ha dictado ya el precinto de algunos televisores o equipos de música de estos locales. Las multas, que solo se imponen en el caso de que los empresarios se resistan a cumplir las órdenes del Ayuntamiento trascurrido el plazo dado para ello, oscilan entre los 600 y los 6.000 euros o más. Las categorías de leve, grave o muy grave se establecen en función del número de decibelios que se superen respecto a lo permitido. En lo que va de año, la Policía Local ha recibido 517 denuncias por ruido, la mayor parte de ellas en los fines de semana y en horario nocturno, relacionadas por tanto con la actividad de la hostelería. No obstante, la mayor parte de ellas hacen alusión a la presencia de personas en la calle y no a que los locales incumplan con las medidas de insonorización que deben adoptar.

Noviembre 2012 – Un destierro Sonado

noviembre 7, 2012

Fuente: elpais.com

«Vete del pueblo”. “El pueblo no te quiere”. “Maroto vete ya a tu nación”. En marzo de 2006, decenas de vecinos de Navalvillar de Ibor se reunieron frente a una casa en una iniciativa insólita: una manifestación en un pueblo de apenas 500 habitantes al este de Cáceres respaldada por su alcalde. El destinatario era Emiliano Baltasar Alonso (conocido por el mote de Maroto en el municipio), que acababa de estrenar una casa al regresar jubilado a su localidad natal tras toda la vida trabajando en Barcelona. No imaginaba, probablemente, que su lucha contra la discoteca de debajo de su vivienda terminaría desterrándole a 60 kilómetros.

“Fuimos todo el pueblo a favor de la discoteca y para que no se metiera con los jóvenes; se enfrentaba a todo el mundo”, explica Ana María Durán, navalvillota de 61 años, a la vuelta de un paseo una apacible tarde de esta semana. En la tranquilidad reinante, con agradables vistas a la sierra de las Villuercas, es difícil imaginar a la gente cortando la carretera y gritando consignas. Pero así lo recoge un informe de la Guardia Civil que cita una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia. La convocatoria incluso sonó por la megafonía del Ayuntamiento que gobernaba el socialista Francisco Javier Morales Cortijo, que no alcanzaba la treintena y es primo de la mujer que gestionaba el local. Ahora ha sido condenado a dos años de prisión y a pagar una indemnización de 25.000 euros a Baltasar y su esposa —parte de la acusación— por un delito de coacciones especialmente grave por su duración, los medios empleados y la afectación sobre los perjudicados, según la sentencia, que puede recurrirse.

El regidor navalvillote respaldó una protesta en la que se oyeron lemas como «vete a tu pueblo» contra un vecino

Los problemas empezaron cuando el matrimonio se mudó en 2005 a la vivienda que habían comprado y reformado. Está en la calle de Los Granados, al lado de la carretera que atraviesa Navalvillar, y justo encima de la discoteca. El local se abrió en los ochenta, según sus antiguos propietarios: “Construimos la casa y dejamos la planta de abajo libre, y una peña nos propuso poner ahí algo”, comenta Isabel Trujillo, de 60 años, que ahora vive enfrente, donde tiene una quesería. A mediados de los noventa, cuando aún residía sobre el local, su familia lo vendió “con la condición de que lo insonorizaran”. Pero no fue así y convivieron con el ruido y las vibraciones (“sí molestaba, pero te acostumbras”, apunta Trujillo), hasta que se mudaron junto a su negocio. Años después, vendieron la vivienda a Baltasar.

Ante las quejas del nuevo inquilino, en plenas fiestas de agosto, el entonces alcalde le ofreció trasladarse con su familia a un hostal en el pueblo de al lado, para evitar el cierre de la discoteca, que había empezado a generar disturbios. El Ayuntamiento pagó 324 euros por los que la abogada de Baltasar acusó al exregidor de malversación de caudales públicos, pero el juzgado placentino le ha absuelto de este delito. Tampoco ha considerado prevaricación el retraso en resolver la situación de la discoteca. Tras varias reuniones con el Consistorio, el vecino afectado por los ruidos de la discoteca —no disponía de licencias, permisos ni estaba insonorizada, según la sentencia—, se dirigió a la Junta de Extremadura, que trasladó su petición al Consistorio. El 8 de febrero de 2006 el local quedó clausurado por la Administración local. Pero Navalvillar había perdido su acostumbrada calma.

La sentencia recoge que las gestiones de Baltasar y su mujer, y el cierre de la discoteca “dieron lugar al alzamiento de los habitantes”, en forma de “daños a sus bienes y expresiones ofensivas e intimidatorias (de viva voz o mediante pintadas), donde les injuriaban y les instaban a abandonar el pueblo”. “Él insultaba a la gente, hasta tiraba piedras”, advierte Durán, arropada por Juana Santos, de 76 años, y su nieta Soraya Mateos, de 29, familiares del exalcalde y madre e hija, respectivamente de María Ángeles Morales, entonces al frente de la discoteca. “El alcalde es mi primo, no lo puedo negar, aunque sea casualidad”, indica esta última, asegurando que el local apenas abrió desde que hubo quejas. “No tenía licencias porque lo habíamos cogido para probar cómo nos iba, ya que teníamos un bar al lado, con todo en regla”, justifica.

Pese a su cierre definitivo, Baltasar se mudó y finalmente vendió la casa y la cambió por otra en Rosalejo, donde reside, según publicó el diario Hoy de Extremadura. Ya en julio de 2006, El Periódico Extremadura relató que la familia afectada acudió a pedir ayuda al subdelegado del Gobierno en Cáceres. Baltasar aseguró entonces que habían presentado 28 denuncias ante la Guardia Civil y culpaba al alcalde, que respondía que el local estaba cerrado y el tema, olvidado. Ahora el juzgado placentino le condena por apoyar, en vez de haber frenado, la movilización contra el matrimonio afectado, destacando “la afectación sobre la salud de los perjudicados”. EL PAÍS entrevistó a Baltasar y su esposa, pero este decidió luego, al cuestionar el posible enfoque, que no se publicaran sus declaraciones ni su fotografía.

“Por cualquiera que pasaba por la calle ya estaba protestando; no sé cuántas veces llamaría a los guardias”, cuenta, sobre Baltasar, María Juncal, vecina de Navalvillar de 60 años y esposa del antiguo juez de paz, que fue absuelto del delito de coacciones en la misma sentencia del exalcalde. También quedó libre de cargos el exconcejal José Luis Río, que participó en la manifestación pero al que no se tomó declaración hasta más de tres años después, cuando el delito ya habría prescrito. En el juicio, este indicó que “Emiliano (Baltasar) se ha portado muy mal con la gente del pueblo, se ha buscado enemistades y ha denunciado a todo el mundo, incluso a una asociación de mujeres”, según la sentencia.

Ni él ni el exalcalde, que rechazó hacer declaraciones, están ya en el Ayuntamiento. Morales mantiene la militancia socialista “por ahora”, asegura una portavoz del PSOE de Cáceres, que se remite a los estatutos del partido (que prevén la expulsión de los condenados por delitos dolosos). Ahora gobierna un independiente, Sigifredo Robledo, más preocupado por la complicada situación financiera del Consistorio. La discoteca sigue cerrada y su propietario vive en Madrid. Encima reside un trabajador de un pueblo cercano en alquiler. Los jóvenes suelen reunirse en el bar de al lado y también se trasladan a otros pueblos. Por el camino pueden cruzarse con Baltasar y su mujer que, de vez en cuando, aún visitan Navalvillar.


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