La asesoría jurídica Soler Luque, ha puesto a la disposición del gran público una serie de documentos y formularios de gran interés para el inicio de la queja o reclamación formal ante la administración competente para notificar situaciones de afección acústica. Dichos documentos se encuentran en formato .doc y son una buena herramienta para empezar el trámite correspondiente y que se tomen las primeras medidas al respecto.
Se recomienda contar con el asesoramiento tanto técnico como jurídico de expertos en dichas áreas para que estos procedimientos se realicen de la forma más diligente.
También os dejamos con un vídeo colgado en su página web donde habla acerca del ruido del ocio nocturno en el centro de málaga.
La queja de un vecino fuerza la prohibición del uso de bocinas y demás instrumentos acústicos en el veterano complejo polideportivo
RAN EXTREMERALa batalla está abierta, pero con la actual legislación autonómica en materia de ruidos sólo cabe un bando derrotado: el de la afición que quiera emplear cualquier elemento acústico para animar a su equipo en las instalaciones polideportivas del Complejo de Carranque, en la capital malagueña. Lo de hace unos días fue lo más «sonado» entre los conjuntos que a diario emplean el pabellón para entrenarse o jugar sus partidos: los árbitros detenían un encuentro entre selecciones provinciales de balonmano porque las bocinas molestaban a un vecino.
Un testigo directo de lo ocurrido fue el director del Complejo Deportivo de Carranque, Rodrigo Molina, que en primera persona tuvo que hacer frente a las quejas posteriores de aficionados de provincias como Cádiz o Córdoba. «A alguien de fuera es muy difícil explicarle que no puede utilizar ni la bocina que trae ni los tambores de algún aficionado que sólo quiere animar a su equipo», explica.
Esta peculiar batalla contra los ruidos que se generan en Carranque comenzó hace un año. Uno de los técnicos consultados recuerda que una familia se trasladó a uno de los inmuebles colindantes y se quejó formalmente del sonido de las instalaciones durante los partidos ligueros: «En su denuncia se quejaban de que un familiar trabajaba de noche y no podía descansar a ciertas horas».
Dicha petición fue atendida en el Ayuntamiento y después de verificar, a través de los agentes de la Policía Local, que se excedían los límites de ruido por el uso de bocinas, se instalaron diversos carteles que prohíben la utilización de los elementos sonoros en el interior de Carranque.
Quitan una bocina del marcador. La situación es única. Tal y como señala Rodrigo Molina, la denuncia ciudadana incluso les ha obligado a eliminar una de las dos bocinas que forman parte del marcador oficial. De esta forma ya ha habido algún partido en el que se ha planteado alguna queja por el hecho de que los ánimos de aficionados y jugadores han impedido que se escuche con el suficiente volumen la finalización de un tiempo o cualquier otro aspecto del juego que viene marcado por la bocina de la mesa.
«Ya el colmo sería decirle a la gente que no grite», agrega Molina. El delegado provincial de la Federación Andaluza de Balonmano, Raúl Romero, manifiesta que la guerra abierta al ruido en Carranque tiene multitud de paradojas. «Cuando hace unos días se decretó la paralización del partido en juego, con selecciones provinciales disputando un torneo oficia de carácter andaluz, los árbitros exigían silencio absoluto para poder continuar». Y ante la queja, también ruidosa, por esta situación que nadie llegaba a entender, hasta se planteó la posibilidad de obligar a «desalojar» el pabellón cubierto de Carranque.
«Fue el colmo para muchos de los seguidores congregados, a los que es difícil de hacer entender lo ocurrido. La única solución es la instalación de pantallas acústicas alrededor de las instalaciones, pero es algo muy costoso», matiza Romero. Y lo peor de todo es que, mientras tanto, pueden volver a interrumpirse más partidos.
Como curiosidad, en el reseñado torneo, las aficiones acabaron ese día con una tamborada popular, a modo de protesta, frente a la vivienda del denunciante.
La Fiscalía de Girona ha pedido siete años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer de pianista a la intérprete y profesional Laia M. y a sus padres, por lo que se les acusa de un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y otro de lesiones psíquicas a la denunciante, Sonia B., han confirmado fuentes judiciales.
La familia instaló en octubre de 2003 en su domicilio de Puigcerdà (Girona) un piano para que practicara Laia M., de 26 años, que estaba cursando estudios oficiales de música’.
Según la calificación fiscal, tocaba el instrumento a cinco días a la semana de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, sin que la sala donde ensayaba estuviera insonorizada, de modo que superó «el nivel máximo de inmisión sonora» permitido por ley.
Su abogado, Marc Molins Raich, ha tachado la petición de la condena de «grave error técnico» porque, a su juicio, no se puede considerar el ruido de un piano como fuente de contaminación acústica lesiva del medio ambiente (que es uno de los delitos que se les imputan), como sería el caso del ruido de una discoteca o de un aeropuerto.
Además argumenta que este hecho no tendría que haberse criminalizado sino que, en el supuesto de que los hechos que atribuye la Fiscalía fueran ciertos, «tendrían que haberse enjuiciado, como máximo, por vía civil o administrativa».
«Hablaríamos de proporcionalidad (del delito con respecto a la pena) si el núcleo de la acusación fuera acertado pero no lo es. Es una injusticia», ha declarado Molins, quien ha asegurado que la acusación también representa una hostilidad hacia esta la que considera una joven promesa de la música catalana, que ha estudiado en el Conservatorio del Liceu de Barcelona.
Requerimientos desatendidos
Según el escrito del fiscal, después de que la vecina Sonia B. denunciara en marzo de 2006 a los acusados ante el Ayuntamiento de Puigcerdà, el consistorio visitó en cuatro ocasiones (entre marzo de 2006 y febrero de 2007) a la familia de la pianista para que insonorizaran en un plazo de 15 días la habitación del piano, unos requerimientos que fueron desatendidos.
A consecuencia del «ruido» del piano, la vecina pidió la baja laboral por lesiones psíquicas como ansiedad, alteraciones en el sueño y episodios de pánico, además de problemas de gestación en los últimos meses de embarazo, de manera que recibió terapia y tratamiento psiquiátrico.
Además de la pena de prisión por el delito contra el medio ambiente, la Fiscalía de Girona solicita una multa de 10.000 euros, y de 9.900 de indemnización a la víctima por sus 108 días de baja laboral.
Reacción de la fiscalía
La Fiscalía del TSJC ha querido matizar en un comunicado que la Fiscalía de Girona podrá modificar su escrito y atenuar su petición inicial (7 años y medio de prisión) si en el juicio se apreciara «una disminución de los efectos de la actividad molesta o una adopción de medidas correctoras eficaces». Asimismo, también estudiará un indulto parcial para los acusados si la sentencia condena a los acusados a unas penas de prisión «excesivamente rigurosas».
Los vecinos de El Romeral tienen la sensación de haber ganado una batalla, aunque también son conscientes de que aún les queda mucho camino por recorrer para llevarse el triunfo en la guerra contra el ruido que les impide conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada. Tanto esta barriada de Teatinos como el paseo marítimo de Pedregalejo serán incluidos en el mapa de ruidos de Málaga como zonas acústicamente saturadas por el exceso de decibelios que desprenden los pubs y las terrazas de bares y restaurantes. Con este paso, el Ayuntamiento de Málaga afina en la localización de los ‘puntos negros’ de la ciudad, cuya primera consecuencia es que no se abrirán más locales de música y ocio, aunque ello tampoco tiene por qué suponer el fin problema.
Ahí está el ejemplo del Centro, que diez años después de recibir esta calificación (se superaron los 75 decibelios, el equivalente al ruido que emite la maquinaria industrial) la convivencia de ocio y descanso sigue siendo una quimera, aunque ahora no tanto por la movida como por las terrazas. «La situación ha mejorado a medida que se elimina el botellón y se insonorizan los pubs y discotecas, pero lo que ahora nos impide estar tranquilos en casa es la invasión de mesas y sillas en cualquier esquina», se queja José Carlos Navarro, uno de los cerca de diez mil afectados del casco histórico.
La situación es prácticamente calcada en El Romeral, donde la apertura de bares, restaurantes y cafeterías en el eje formado por la avenida Plutarco y las calles Andrómeda y Antígona trae en jaque a cerca de dos mil residentes. «A todos nos gusta salir a cenar y disfrutar con los amigos, pero el derecho de unos acaba cuando empieza el derecho de los demás. Ha habido familias que han tenido que vender sus casas porque no podían vivir así», comenta el presidente de la asociación de vecinos de esta barriada, Romualdo Núñez, para quien la raíz del conflicto está en la «falta de control municipal» en la ocupación de la vía pública. «Lo que no se puede permitir, y de momento se está permitiendo, es que un negocio con licencia para diez mesas luego ponga treinta o cuarenta», recalca.
Con este panorama, no es de extrañar que personas como Núñez estén encantados con la llegada del frío y la lluvia. «El mal tiempo nos viene bien; en verano esto llega a ser insoportable», recalca.
La misma sensación de alivio temporal tienen los residentes en las principales zonas de ocio de la provincia. Solo en los grandes municipios, serían más de veinte mil las personas con insomnio forzoso, empezando por Puerto Marina y la plaza Solymar en Benalmádena Costa; Puerto Banús y la plaza de los Olivos en Marbella; o Puerto Sol y Puerto Paraíso en Estepona. El entorno de los recintos náuticos en estas localidades se convierten cada fin de semana en epicentro de la marcha nocturna con un hervidero de gente para fortuna de los negocios, pero también para desgracia de quienes intentan dormir unos metros más arriba. Algo prácticamente imposible con los niveles de ruido registrados en la medición que técnicos de la Junta realizaron en varios apartamentos de Puerto Marina el 18 de agosto de 2010: 68 decibelios, y eso que era miércoles.
Benalmádena, a los tribunales
Precisamente esa medición fue la gota que colmó el vaso para la treintena de sufridos residentes que el pasado mes de abril presentaron una demanda contra el Ayuntamiento de Benalmádena, al que reprochan que haya mirado para otro lado durante años a la hora de vigilar el cumplimiento de los horarios de cierre, la insonorización de los locales o la prohibición de los altavoces en el exterior. El gobierno municipal respondió en agosto con decretos de cierre de los pubs y discotecas si no eliminan la música exterior y cierran las terrazas a las dos de la madrugada, aunque de momento pocas cosas han cambiado. «Estamos hartos de buenas palabras y compromisos que no se cumplen. Lo único que queremos es poder descansar sin que nos retumben las paredes», afirma uno de los 31 integrantes de esta cruzada judicial que prefiere guardar el anonimato.
En cualquier caso, se han asesorado bien, ya que cuentan con los servicios del abogado que llevó el caso de los 18 vecinos de El Copo a los que el Tribunal Supremo dio la razón en 2008 condenando al Consistorio de Vélez a indemnizarles con 156.000 euros a cada uno, la mayor sanción hasta la fecha en España por contaminación acústica. Desde entonces, las cosas han dado un giro de 180 grados, hasta el punto de que, pese a que el ambiente actual de este enclave de Torre del Mar nada tiene que ver con la de hace unos años, la Administración municipal ha iniciado los trámites para declararla zona saturada acústicamente para impedir la apertura de nuevos establecimientos de ocio. El otro punto conflictivo en la Axarquía es Nerja, concretamente en la céntrica plaza Tutti-Frutti con una docena de pubs y discotecas que trastocan los planes de descanso de un millar de personas.
Los niveles globales de ruido registrados en 2010 en la ciudades españolas fueron mayores a los de otros años debido a la celebración de la victoria de España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, según un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx).
El informe sobre los efectos del Mundial de Fútbol en los niveles de ruido señala que el promedio anual de decibelios se incrementó hasta en 0,7 puntos por la alegría que provocó la selección española.
Así lo ha explicado, en declaraciones a Efe, el responsable del Laboratorio de Acústica de la UEx, Juan Miguel Barrigón, quien ha apuntado que la noche en la que se conquistó el título se superó en un 35 por ciento el nivel de ruido que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) en horario nocturno, situado en 55 decibelios.
También se superaron los niveles diurnos aconsejados, situados en 70 decibelios.
El momento más ruidoso fue la noche del 11 de julio, cuando Andrés Iniesta marcó el gol que proclamó a España campeona del mundo, con unos índices sonoros que superaron los 80 decibelios.
Los datos de sonoridad han sido recogidos mediante un sonómetro situado en la fachada de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, aunque se pueden extrapolar al resto de España, teniendo en cuenta que en la mayoría de poblaciones hubo celebraciones.
El índice total de ruido de 2010 superó al de otros años por las cinco horas posteriores de júbilo a la conclusión del partido frente a Holanda.
Barrigón ha presentado estas conclusiones, junto al equipo del departamento de Física Aplicada de la Escuela Politécnica de la UEX, en el 42º Congreso Nacional de Acústica «Tecniacústica 2011», que se celebra en Cáceres hasta el próximo viernes, 28 de octubre.
Según ha detallado a Efe, los niveles de ruido también se incrementaron los días 3 y 4 de julio, durante el partido de cuartos de final Paraguay-España, cuando se superaron los 70 decibelios.
Asimismo, los días 7 y 8 de julio, con motivo de la semifinal Alemania-España, se alcanzó la barrera de los 74 decibelios.
A su juicio, se trata de unos índices elevados, si se tiene en cuenta que los niveles sonoros registrados en Cáceres entre 2006 y 2009 no superaron los 70 decibelios durante el promedio nocturno.
Es una subida de ruido «enorme», según Barrigón, que también disparó el consumo de energía y que se produjo por el aumento del tráfico rodado, el uso de bocina y los gritos, entre otros agentes
El Ayuntamiento baraja la inclusión de ambas zonas como saturadas acústicamente en el mapa que se actualizará el próximo año
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha puesto el ojo en la zona de El Romeral, en Teatinos, y los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo para controlar los excesos de ruido que se producen en estos lugares y que son objeto de cada vez más denuncias de los vecinos. La concejala responsable de este departamento, Ana Navarro, reconoció ayer que se está barajando la inclusión de ambos sectores como zonas acústicamente saturadas en el mapa de ruidos de la ciudad, que se actualizará el año que viene. Ello supone que se efectuará una mayor vigilancia policial en estos lugares, para detectar el origen de niveles de decibelios por encima de lo que establecen las ordenanzas municipales, y que no se permitirá la apertura de nuevos locales que supongan la emisión de ruidos.
Estas dos zonas de Teatinos y de los paseos marítimos del este de la capital -donde ha proliferado en los últimos años la apertura de bares de copas y restaurantes- se unirán al Centro Histórico, que ya está declarado como zona saturada acústicamente y que se mantendrá como tal en el nuevo mapa porque han aumentado exponencialmente las denuncias por ruido a raíz de la instalación de terrazas exteriores en los negocios de hostelería. «El ruido ahora del Centro viene sobre todo por las mesas y sillas de los bares y por la gente de los locales que se sale a fumar a la calle al no poder hacerlo en el interior», comentó Navarro.
Expedientes
Según los datos facilitados por su departamento, el número de denuncias ciudadanas por ruido ha crecido en los últimos cuatro años al pasar de las 864 registradas en 2007 a un total de 1.105 en 2010, lo que supone un aumento del 28%. Los expedientes sancionadores que el Consistorio abre al cabo del año por este motivo oscilan entre quinientos y seiscientos.
No obstante, lo que más ha aumentado en el último año han sido las resoluciones de Medio Ambiente para el cese de una actividad, que prácticamente se han duplicado. Según fuentes consultadas, ello se debe a un mayor control por parte del área de los expedientes abiertos.
El pleno municipal que hoy se celebra dará la aprobación definitiva a los planes de acción contra el ruido en la ciudad, una iniciativa que se puso en marcha en 2008 y que propició la elaboración del mapa de ruidos citado anteriormente, la instalación de 15 aparatos para controlar a distancia el nivel de ruido de determinados locales y zonas, y las reuniones a nivel interno de departamentos municipales como Limasa, la EMT o Urbanismo para tomar medidas contra el ruido. Además, también se ha creado un centro asesor en la materia para empresas del que ya se ha informado a 383.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre y una mujer a no residir en su propia vivienda durante tres meses después de que sus vecinos de comunidad les denunciaran por las molestias y ruidos que causaban.
La sentencia de la Sección Séptima confirma otra anteriormente dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mislata, contra la que los demandados interpusieron un recurso de apelación. La comunidad de propietarios del inmueble, ubicado en la localidad valenciana de Xirivella, demandó a la pareja por las «molestias y ruidos, sobre todo nocturnos», que provenían de su casa desde finales de 2006. Las quejas vecinales se plasmaron en diferentes actas de reuniones de la comunidad de propietarios, que llegaron a grabar los ruidos que se generaban en la vivienda denunciada.
Amenazas y agresiones
La relación entre demandantes y demandados derivó además en un juicio de faltas por amenazas y agresión que acabó con sentencia absolutoria, burofaxes y un acto de conciliación requiriendo a la pareja el cese del ruido denunciado.
Las molestias cesaron durante algún tiempo pero se reanudaron en 2009, como continuaron denunciando los vecinos y consta en diferentes intervenciones policiales
Que no les haya pillado por sorpresa la cuantía de la indemnización no quiere decir que estén de acuerdo con la cifra que marca el auto. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, no se anduvo ayer por las ramas: «Creemos que la cantidad es un poco excesiva pero en cualquier caso no podemos criticar las resoluciones judiciales; la única crítica solo puede ir a través del recurso». Con estas palabras, el concejal valoró el desembolso de más de medio millón de euros que el Ayuntamiento realizará para afrontar una condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2008 tras las denuncias de dos vecinos por las molestias que les producen los ruidos de la estación de autobuses, adelantada ayer por SUR.
Poco margen de maniobra legal le queda al Consistorio más que abonar la indemnización, como el propio concejal reconoció, y poner medidas para frenar la contaminación acústica en la terminal de autocares. El coordinador general de Hacienda, Carlos Rubio, ya ha ordenado el pago de 584.888 euros a los dos demandantes, uno de ellos ya fallecido y que en este caso irá a manos de sus herederos. «Entendemos que es desmesurado», reiteró Romero sobre el dinero que tendrán que abonar a las dos familias afectadas por el traslado de la estación a la zona norte de Marbella.
Sobre los avances para revertir la situación, asumió que es responsabilidad de la administración municipal paliar el ruido. «Nadie niega que pueda dar molestias a terceros y desde que conocimos lo que pasaba, no de ahora sino desde la primera sentencia, hemos planteado todas las medidas posibles para minimizar el daño», apuntó el portavoz del equipo de gobierno. Eso incluye que la nueva empresa que se hará cargo de la gestión de la terminal en el concurso público que se convocará en los próximos meses tendrá que adoptar medidas en este sentido, aunque no adelantó ninguna de ellas.
De lo que no hay planes es de un posible traslado de la estación de autobuses a una zona alejada de las viviendas. «El Plan General no fue redactado por este equipo de gobierno y es el que determina la ubicación de esta infraestructura. A día de hoy el traslado no dependería solo del Ayuntamiento sino de más administraciones así que vamos a tratar de ir haciendo la casa por los cimientos; arreglar la situación en la medida que podamos», concluyó.
El ruido de motores, de claxon y de tubos de escape que no están en su mejor momento, amén de la megafonía, van a salirles caros al Ayuntamiento de Marbella. Más de medio millón de euros para ser exactos. El Consistorio ha ordenado el pago de 584.888,66 euros, ni un euro más, ni un euro menos, a favor de los herederos de las dos personas que en su día decidieron interponer sendas denuncias contra la administración municipal al considerarse damnificadas por la actividad de la estación de autobuses, ubicada en la zona norte del casco urbano, junto a la autovía A-7. Según el decreto al que ha tenido acceso este periódico, el coordinador general de Hacienda y Administración Pública, Carlos Rubio, ha dado el visto bueno a este mandamiento de pago en concepto del resto de indemnización por «inmisiones ruidosas y molestas que produce sobre la vivienda de los actores la actividad de la estación de servicio de autobuses». Esto es, por las molestias que la terminal les ocasiona en su vida diaria.
No es un desembolso que se realice graciosamente. En el mismo escrito, se alude a la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Málaga de fecha de julio de 2008, que estima en parte el recurso interpuesto y que condena al Ayuntamiento a que indemnice a los herederos de las personas, ya fallecidas, que interpusieron el pleito contra la administración local. Dos años más tarde, según refleja el decreto rubricado el pasado mes de agosto por el coordinador general de Hacienda de Marbella, un auto fijó la cuantía global de la indemnización en 684.888,66 euros, por lo que se deduce que el resto ya habría sido abonado.
Desde el Ayuntamiento no quisieron pronunciarse ayer sobre este importante desembolso que tendrán que realizar en un momento en que las finanzas municipales no pasan por su mejor momento. El hermetismo es total, pese a que, según las fuentes consultadas por este periódico, las denuncias interpuestas por estas familias se remontan a equipos de gobiernos anteriores al actual y tendrían que ver con la época en la que se decidió trasladar la estación de autobuses de la zona centro al extrarradio, al área conocida como Xarblanca, de fácil acceso desde la autovía pero donde hasta entonces apenas había viviendas unifamiliares a las que se les alteró la tranquilidad con el trasiego de autocares, de taxis y de vehículos particulares.
Precisamente el equipo de gobierno anunció hace apenas dos semanas que va a encomendar a una empresa la gestión de la terminal, blanco de las críticas de los usuarios por el estado de abandono de las instalaciones. Ayer, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Enrique Piñero, al hilo de esta indemnización millonaria, exigió al Ayuntamiento que solvente los problemas de ruido de la estación de autobuses que afectan a los vecinos, al tiempo que calificó de «inaudito» que la actual concesionaria, la empresa Portillo, pueda optar otra vez a la gestión de la estación.
Más afectados
Piñero consideró que Portillo es la «responsable» de que el Ayuntamiento tenga que indemnizar con más de 584.000 euros a estos vecinos de la estación de autobuses. Es más, advirtió de que esta cantidad podría aumentar si otros residentes de la zona se deciden a seguir el mismo camino. «Tenemos conocimiento de que hay muchas más personas afectadas dispuestas a emprender acciones legales por los daños causados durante los últimos años», dijo.
Para el concejal socialista, el Ayuntamiento demuestra «mala gestión» y «falta de responsabilidad» con los vecinos de la zona ante la situación creada «por el mal acondicionamiento de la estación de autobuses, que corresponde a la empresa adjudicataria de la explotación y que además tiene bastantes quejas en la prestación de servicios». Entre ellas, Piñero recordó que el transporte urbano adolece de falta de puntualidad, mal funcionamiento de las plataformas elevadoras para minusválidos o dejación de servicios en algunas zonas.
«Tengo 75 años, estoy operado de corazón, y mi mujer padece fibromialgia. Llevamos más de diez años soportando este infierno, y ya no aguantamos más. En el Ayuntamiento nos han prometido una y otra vez que iban a solucionarlo, pero las molestias siguen ahí». Con estas palabras valoró ayer la situación que sufre a diario Carlos Veiga, un jubilado de Rincón de la Victoria que vive en el número 112 de la avenida del Mediterráneo, en el Edificio Serrano.
«El bar que tenemos justo debajo utiliza como espacio para el público la entreplanta, cuando la normativa dice que esto debe ser solo un almacén. Ponen la música muy alta, y hasta altas horas de la madrugada, justo debajo de nuestros dormitorios. Cuando llamas a la Policía Local, si es que vienen, no hacen nada para evitarlo», se queja este vecino, que es además el presidente de la comunidad de propietarios del edificio, donde viven una decena de familias. «Hemos presentado decenas de escritos en el Ayuntamiento desde hace por lo menos cinco años y no nos han hecho, por ahora, ningún caso», se quejó este jubilado de origen gallego, que lleva cuarenta años viviendo en Rincón de la Victoria.
«Es un sitio que nos encanta, pero las molestias que venimos sufriendo desde hace años nos están amargando la vida. Y lo peor de todo es que el encargado del establecimiento ya me ha amenazado verbalmente varias veces. Yo no me voy a asustar, pero aquí viven muchas personas mayores que sí que tienen miedo de que pueda haber represalias contra ellos si recogemos firmas», aseguró Veiga. El presidente de la comunidad reconoció que no han hecho, de momento, ningún tipo de medición sobre los niveles de ruido, «pero solo te digo que no se puede pegar ojo en toda la noche y que muchos vecinos están tomando somníferos para poder dormir», añadió.
Petición de IU
El portavoz municipal de IU, Pedro Fernández Ibar, hizo ayer un llamamiento público para que el equipo de gobierno del PP actúe y ponga fin a esta situación, al tiempo que reclamó «un cumplimiento estricto de las ordenanzas de ruidos».
Por su parte, la edil de Vía Pública, Marta Marín (PP), aseguró a SUR que están trabajando para solucionar el problema. Así, explicó que han instado al empresario a que cumpla la normativa y a la Policía Local a que aumente la vigilancia. «Los agentes han emitido ya un informe desfavorable de la entreplanta», dijo.
T-Ingeniamos 